Pacto para la reactivación social y económica de Canarias, ¿más de lo mismo?

El Gobierno de Canarias está discutiendo con diferentes agentes sociales un documento que marcará las líneas de la futura política social y económica tras la crisis provocada por el coronavirus. Un documento de 30 páginas que he leído (y que ustedes pueden hacerlo aquí), y al que he aportado también las ideas que recojo en este texto; me preocupa mucho el futuro de mi Comunidad Autónoma, un futuro que se augura oscuro dada la gravísima situación de pobreza y vulnerabilidad social que atraviesa nuestro archipiélago. 
Canarias lleva arrastrando problemas estructurales que esta pandemia ha contribuido a acentuar, por eso es de vital importancia que las propuestas que se hagan a partir de ahora sean valientes, innovadoras y transformadoras y no sigan perpetuando las desigualdades y la precariedad que nos envuelve.

Un aspecto positivo del Pacto es su compromiso y apuesta por los servicios públicos, pero no comparto que se hable de “Derechos Sociales” a lo que se debería denominar “Sistema Publico de Servicios Sociales”. No hay que confundir derechos con sistemas. La Educación y la Sanidad también son derechos, sin embargo, son entendidos como sistemas de Bienestar Social y no se nombran como “Derechos educativos” o “Derechos sanitarios”. El sistema público de Servicios Sociales es el sistema que garantiza los derechos sociales, pero los derechos no se pueden convertir en un sistema “per se”. Esta confusión conceptual sólo contribuye a debilitar e invisibilizar aún más a un sistema bastante maltrecho.

El documento que se define como social y económico deja poco espacio a las dificultades sociales para centrarse principalmente en lo económico. Existe un punto, breve, denominado “Atención y apoyo a las personas vulnerables” donde las novedades son escasas. La apuesta por seguir potenciando las prestaciones de garantía de ingresos mínimos seguirán manteniendo la pobreza. Décadas de aplicación de este tipo de medidas han demostrado que no contribuyen a erradicar la desigualdad o la exclusión y que sí contribuyen a estigmatizar a la población perceptora, además de no cubrir a todas las personas que las necesitan. Una propuesta valiente sería incorporar una Renta Básica, Universal e Incondicional para toda la ciudadanía canaria o residente de forma permanente en este territorio. Urge cambiar el modelo por uno que plantee la redistribución de la riqueza basada en el principio de justicia social, y políticas que aborden las causas estructurales de la pobreza y la exclusión.

Una medida estrella que nombra el documento del Pacto es la cobertura de necesidades alimenticias al alumnado de cuota cero, mientras no se abran los comedores escolares; dicha medida, acertada, no podemos olvidar que deja al descubierto a muchísimas familias vulnerables con cuotas muy reducidas cuyas circunstancias económicas han empeorado a consecuencia de esta crisis; urge un refuerzo de los Servicios Sociales municipales para que valoren la situación de miles de familias no cubiertas por la ayuda prestada a aquellas de cuota cero, por consiguiente, el incremento de recursos humanos (especialmente trabajadoras/es sociales) para atender a dicha población debe ser urgente.

Pese a saber que somos una de las Comunidades Autónomas con mayor tasa de pobreza infantil, la ausencia de un plan estratégico de lucha contra ésta es un olvido imperdonable del Pacto. Hay que poner en el centro a la infancia y la adolescencia porque son nuestro futuro, aunque resulte una obviedad recordarlo. En ningún momento tampoco se hace alusión a las violencias machistas con la alta incidencia existente en nuestro archipiélago, ni se alude al impacto de género que este Pacto tendrá en las mujeres y hombres de Canarias. Es necesario que esto se tenga en cuenta y que en la atención a población vulnerable se considere la violencia como un eje transversal sobre el que incidir. La promoción de la cultura del buentrato y el respeto a las diversidades deben ser una prioridad de este gobierno. 

Tampoco se alude cuando se habla de “lo social” al refuerzo del tejido comunitario, a los vínculos y redes sociales tan desarticuladas por un modelo centrado hasta ahora en lo asistencial. Urge otro tipo de intervención social que prime lo relacional frente a lo prestacional; para cubrir este último aspecto estaría la propuesta de Renta Básica y podríamos intervenir desde los Servicios Sociales desde una óptica preventiva, promocional y comunitaria.

Respecto al abordaje de la recuperación del empleo e impulso a la actividad económica, urge un cambio de modelo productivo en Canarias, diversificando nuestros sectores económicos y evitando una dependencia del turismo de masas insostenible que tenemos en las islas. En el documento se habla mucho de sostenibilidad y resiliencia pero no se exponen medidas concretas. No hay una apuesta clara por las energías renovables (ni una sola mención en todo el texto), ni por el turismo rural, ni por el refuerzo de la producción de productos alternativos a monocultivos. Es necesario reforzar la agricultura, pesca y ganadería y todo lo que pueda suponer el abastecimiento propio de nuestro territorio.

La construcción ha de centrarse en vivienda y rehabilitación, evitando seguir con el modelo de macrohoteles que sólo destruyen parajes naturales y no revierten en la riqueza de las islas sino en la explotación y precariedad de sus habitantes.

En definitiva, el documento del Pacto, pese a su nombre, parece más escorado hacia lo económico que hacia lo social, y lo económico desde una óptica neoliberal y capitalista, no desde la economía del bien común. Si realmente queremos avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos plantea Naciones Unidas, se deben hacer propuestas concretas sobre sostenibilidad, igualdad y justicia social. No vale solo mencionarlos y que el sentido del documento se base en lo hecho hasta ahora, que ya se ha demostrado insuficiente, y en muchos casos, un auténtico fracaso. Hay que ser valientes y aprovechar este momento para plantear nuevas formas de gestionar, participativas, comunitarias y poniendo en el centro a las personas, no a los intereses económicos.

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