En estos días que estamos sobrecogidas por el vídeo de maltrato a una criatura por parte de una cuidadora en una escuela infantil de Torrejón de Ardoz (Madrid), igual cabe preguntarse cómo se sigue percibiendo la violencia contra la infancia. En el momento en el que escribo estas líneas, la perpetradora y sus cómplices están en libertad, teniendo la primera una prohibición de trabajar con menores porque, como ella misma ha afirmado, “igual me pasé un poco”. Y no utilizo la presunción de inocencia porque las imágenes hablan por sí mismas, y el relato de la alumna en prácticas que destapó prácticas habituales como obligar a las niñas y niños a comer comida del suelo, también. La excusa es que las familias se desesperan e insisten en que sus retoños coman… Luego nos rasgamos las vestiduras años después cuando empiezan a surgir trastornos de la conducta alimentaria… pero esa es otra cuestión. Gracias a una alumna se dejó de normalizar lo que no es normal, así que bravo por ella, bravo por esas personas que se enfrentan a la violencia con acciones protectoras. 

Lo cierto es que durante décadas ha pervivido un imaginario colectivo (que ha impactado en el ámbito judicial, educativo,…) que pensaba que los niños y niñas eran propiedad de sus progenitores (y por extensión de las personas adultas de su contexto), y éstos tenían derecho a hacer con ellos y ellas lo que les viniera en gana. ¿Recuerdan esas frases del tipo tiene que ir derechito como una vela, la letra con sangre entra o es mi hijo y le puedo dar dos bofetones bien dados …?

No fue hasta 1874 cuando se fundó la primera entidad de protección infantil del mundo, en New York, a raíz del famoso caso de Mary Ellen Wilson, y 147 años después, en 2021, nuestro país promulga una ley específica de violencia contra la infancia, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que define ésta como “toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital. En cualquier caso, se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar”.

Pero ni las leyes ni las administraciones responsables en materia de protección a la infancia y la adolescencia han podido cambiar las mentalidades que sostienen todo tipo de violencias contra la infancia. Hay quienes todavía piensan que violencia es pegar palizas y obvian el terror psicológico, la violencia sexual, la negligencia en los cuidados o la sobreexposición a pantallas, entre otras, como formas de maltrato infantil (la última no está tipificada aún como forma de maltrato, para mí lo es). Hace una semana leíamos en prensa la absolución de un tipo de 34 años que, “presuntamente”, agredió sexualmente a una niña de 4 años porque, según la Audiencia de Jaén, el testimonio de la niña no era lo suficientemente fluido (porque como todo el mundo sabe, todas las criaturas de 4 años suelen expresarse como si fueran presidentas de la RAE).

Las niñas y los niños están absolutamente desprotegidos ante un sistema que mira para otro lado ante el daño que sufren, como las “educadoras” (el nombre les queda grande) de la escuela infantil ya citada, como los juzgados que obvian la violencia vicaria y priman el derecho del “pater familias” frente al interés superior de la infancia o como cierto profesorado del sistema educativo que sigue impartiendo docencia, pese a que son secretos a voces las estrategias antipedagógicas que emplean.

Voy a contar una breve historia (o dos): hace 52 años, una maestra me aterrorizó cuando estaba en infantil de 4 años, nos amenazaba con monstruos si nos portábamos mal y a mí, particularmente, me trataba fatal. Yo empecé a tener pesadillas y no quería ir al colegio. Mi madre fue a protestar y lo que logró fue que me cambiaran de clase ese curso, a la maestra no le ocurrió nada. Más de 50 años después eso sigue pasando (estoy llevando un caso parecido en estos momentos, con el agravante de la discapacidad del niño). A éste lo trasladaron a otro centro y sigue con estrés postraumático, la maestra sigue ejerciendo en un centro diferente… Medio siglo separa ambas historias y ojalá pudiera decir que son casos aislados.

Hay una responsabilidad fundamental en la protección y el cuidado de las criaturas por parte de dos grandes agentes: familia y escuela, además de otros sistemas de apoyo como el sanitario o el comunitario de servicios sociales. Las niñas y los niños necesitan para su pleno desarrollo: cuidados físicos (abrigo, alimentación, sueño,…), estimulación, contacto social, educación y valores, seguridad, que se traduce en la construcción de un apego seguro, vínculos y afectos; cuando estos elementos se alteran entramos en situaciones de vulnerabilidad y desprotección. Frente a ello, la alternativa es construir una cultura del buentrato, concepto definido en la Ley Orgánica 8/2021, ya citada, como aquel que, respetando los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, promueve activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes.

Corren malos tiempos para los buenos tratos en un mundo donde la vulneración de derechos campa a sus anchas, auspiciada además por ciertos líderes que nos gobiernan. Por eso, en tiempos de daño y violencia, actuaciones como la de la alumna en prácticas son absolutamente loables, aunque no debemos olvidar que casos como este evidencian la precariedad de los servicios de atención a la infancia: poco personal para el número de niñas y niños a atender, formación cuestionable, perfiles inadecuados,… Ojalá esto sirva para que las administraciones públicas ejerzan un mayor control sobre los recursos que atienden a la infancia, nos va el futuro en ello.